Los jóvenes adictos a las drogas cada vez tardan más tiempo en solicitar ayuda
La población drogodependiente cada vez tarda más tiempo en solicitar ayuda. Basta con acercarse a un servicio de tratamiento especializado en adicciones para darse cuenta de que la mayoría de las personas que utilizan este recurso –ambulatorio o residencial- han superado los treinta años. Así se desprende del primer avance del estudio que la organización no lucrativa de Castellón Patim, está realizando con motivo de su treinta aniversario y en el que se analizan perfiles de 8.622 personas que han sido atendidas desde 1985 por esta organización.
A finales de los ochenta, la edad media de los pacientes que acudían al centro de día de Patim rondaba los 24 años y en la actualidad esta población supera los 32 años. Son ocho años más mayores que entonces. Una constante que en 2014 se concreta en que el 60% de las personas en tratamiento en la comunidad terapéutica Los Granados tenía más de 34 años. Los cambios en la tipología de las sustancias y en las formas de consumo pueden aportar algunas respuestas pero este progresivo envejecimiento resulta especialmente preocupante al cruzar este dato con la edad de inicio en el consumo, cada año más temprana.
“Algo ha fallado cuando después de tantos años haciendo prevención hoy nos encontramos con una realidad que se empecina en recomendarnos actuar de otra forma para conseguir mejores resultados, especialmente con la juventud”, asegura el presidente de esta organización, Francisco López y Segarra. Los datos analizados por Patim apuntan que entre 1988 y 1993 la diferencia entre la edad de inicio en el consumo y la de tratamiento era de nueve años (16-24 años). Una distancia que se ha duplicado en los últimos cuatro años hasta estabilizarse en torno a los 18 años (14-32 años).
“Cada vez tardan más tiempo en acudir a un centro especializado, quizás porque los jóvenes tienden a banalizar los efectos del consumo o porque son capaces de mantener su trabajo o estudios sin aparentes dificultades –explica López y Segarra- ahora les cuesta más ser conscientes de que tienen un problema de abuso, en la mayoría de los casos hay varios intentos antes de lograr un resultado positivo y esto significa un mayor coste para todos y un deterioro personal y familiar más acusado”. Durante los últimos treinta años, la entidad tiene casi 9.000 expedientes digitalizados de usuarios en la base de datos.
