Se estima que alrededor del 6,8% de los niños y adolescentes españoles lo padecen, especialmente varones. Aunque a menudo se considera un problema infantil, en el 50% de los casos los síntomas conductuales y cognitivos perduran durante la edad adulta, dificultando así las relaciones sociales, laborales y familiares de los afectados. Por ello, y sabiendo que esta población tiene entre dos y cuatro veces más probabilidades de tener fracaso escolar en la infancia y que alrededor del 15% de ellos tienen un mayor riesgo de consumir drogas, los expertos han alertado de la necesidad de abordar la enfermedad desde la etapa preescolar.
“Se suele tardar unos dos años en diagnosticar el TDAH, lo que supone un tiempo muy importante en la evolución de un niño. Además, y debido a que muchos lo siguen padeciendo en la edad adulta es necesario implantar medidas preventivas y de tratamiento adaptadas a las necesidades de cada etapa evolutiva”, ha apostillado el jefe de Psiquiatría Infantil del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, Javier Quintero. Con este objetivo, más de 200 científicos, pacientes, profesionales asistenciales, educadores, y del ámbito socioeconómico han elaborado un Plan de Actuación que, en base a cinco áreas estratégicas, tiene como objetivo mejorar la vida de los pacientes con TDAH y de sus familias.
Además, destacan la necesidad de protocolizar cribados en revisiones de Pediatría de Atención Primaria; definir herramientas para el cribado en el ámbito pediátrico y escolar que se incluyan en la historia educativa y médica del menor; establecer un protocolo de detección en adolescentes y población adulta con conductas de riesgo y crear un circuito que asegure una “correcta” coordinación desde la detección a la confirmación del diagnóstico por parte de un especialista. Del mismo modo se recomienda instaurar protocolos naciones que establezcan sistemas que fomenten la coordinación y comunicación interprofesional entre los diferentes niveles asistenciales, incluyendo la coordinación entre educación, sanidad y servicios sociales; establecer una figura de referencia para la asistencia del paciente; promover el seguimiento de guías y su implementación; garantizar la igualdad en el acceso a los derechos fundamentales en el ámbito sanitario, escolar, social; y evitar la discriminación que actualmente existe entre las comunidades autónomas.
Con fin de mejorar la equidad, en el Plan se aboga por aplicar y desarrollar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en todas las comunidades autónomas; instaurar protocolos de coordinación entre las administraciones en los ámbitos clínico, escolar, judicial y de servicios sociales basados en la ‘Guía de Práctica Clínica’ del Ministerio de Sanidad; y desarrollar un documento científico que sirva para promover, desde la Administración, el desarrollo de modelos que analicen el impacto económico del TDAH y la rentabilidad de la dedicación de recursos. Asimismo, tal y como ha informado la presidenta de la Asociación Madrileña Orientación y Educación, Marisa Mariana, el documento subraya la necesidad de mejorar la formación en TDAH en pregrado, posgrado y en formación continuada en aquellas personas que se dedican profesionalmente a los ámbitos de educación y sanidad.
Finalmente, los expertos aconsejan conceptualizar un plan de comunicación que permita realizar acciones con capacidad de dar visibilidad al trastorno; divulgar información basada en evidencia científica; y desarrollar acciones de comunicación que favorezcan la inclusión educativa eficaz del alumnado con TDAH y que eviten su estigmatización.